La titular del área de género y diversidades del Frente Grande recordó que está en vigencia la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, y que las personas gestantes tienen que ser asesoradas en cualquier clínica, en los CAPS o en el Hospital. “Se trata de un derecho y el Estado debe garantizarlo”.
Angelica Torreyra, secretaria de género y diversidades del Frente Grande Campana, recordó que -tras su sanción en diciembre del 2020- está en vigencia la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y que debe garantizarse para quien la solicite. “A partir de esta ley, las mujeres y personas con otras identidades de género tienen derecho a interrumpir su embarazo y por ello debemos controlar que se garantice la IVE a quienes la soliciten en los centros de salud de Campana”.
Según lo indica la ley, puede solicitarse hasta la semana catorce (14), inclusive, sin tener que explicar los motivos de su decisión. O cuando el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro su vida o su salud, hasta la semana 22.
Torreyra, además informó que “La indicación (receta) para el medicamento la hará el/la profesional médico/a. Podrá realizarse hasta la semana 14 y 6 días de gestación. Hasta la semana 12 la práctica es ambulatoria, con medicación, o sea que no requiere internación. Luego de la semana 12 también es con medicación, pero se requiere internación. Entre la solicitud y la resolución no deben transcurrir más de 10 días”.
Y resaltó que “no se debe justificar la decisión, sí responder a cuestiones relativas a la indicación médica y realizar los correspondientes estudios previos. Luego se harán controles post tratamiento (ecografía) y se evaluarán alternativas de anticoncepción. Es muy importante continuar con este seguimiento para gozar de plena salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Ya que la ley también estipula la información sobre la utilización de métodos anticonceptivos y el fortalecimiento de la Educación sexual Integral.”.
La IVE puede ser solicitada por las mujeres o personas gestantes desde los 16 años de edad. Las personas menores de 16 años también pueden presentar su consentimiento informado en tanto poseedoras de una autonomía progresiva. Si se tratara de vulneración de derechos o abuso se deberán facilitar o arbitrar los medios para la intervención que corresponda.
“Acerca de la llamada “objeción de conciencia”, ésta puede ser esgrimida sólo por médico o médica que debería indicar o realizar la IVE. O sea, no puede ser planteada por enfermeros/as o anestesistas, por ejemplo. Tampoco un servicio de salud puede declararse objetor de conciencia. Y si se diera el caso de que todos los profesionales de un servicio se declararan objetores, debe derivar a otro servicio sin demoras”, explicó la titular del área de género del Frente Grande.
En ese sentido señaló la importancia de que “esta información esté en todos los CAPS y sanatorios de la ciudad para que exista un conocimiento pleno de este derecho recientemente adquirido por las personas gestantes. En nuestra ciudad se puede solicitar la IVE en las salitas de los barrios Otamendi (tel. 447489), Ariel del Plata (tel. 440050) y San Cayetano (tel. 430184). Si se cuenta con obra social también se dispone de centros de salud privados”.
Asimismo señaló que “En el caso de estos tres centros sólo uno cuenta con una trabajadora social, o sea que no se están destinando recursos profesionales para tratar la cuestión de manera interdisciplinaria. Los Psicólogos/as no integran estos servicios de una particular y especial complejidad a nivel de la subjetividad de las consultantes”, y añadió “En los últimos días algunas ginecólogas de estos centros presentaron sus renuncias debido a que, entre otras razones que no conocemos, desde la semana 13 en que se requiere la internación de lxs solicitantes, no eran atendidas en el Hospital Municipal San José, sino que eran derivadas a la vecina ciudad de Escobar. Aparentemente ahora, luego del conflicto, el Hospital estaría otorgando los lugares para dichas internaciones”.
Para concluir mencionó “Es obligación del Estado informar detallada y claramente acerca de las políticas públicas vigentes para posibilitar el ejercicio pleno de los derechos de la población y poder efectuar los reclamos que correspondan en caso de incumplirse. El gobierno nacional y provincial tienen la decisión política clara de acompañar a las mujeres y disidencias en la posibilidad de interrumpir un embarazo. No parece ser la intención del gobierno de Abella. Desde el Frente Grande alentamos a que se difunda por todos los medios a nuestro alcance aquella información que implique el ejercicio pleno de los derechos. En este caso el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo”.
