Concejales del bloque PJ-Frente de Todos dieron a conocer detalles del beneficio que garantiza servicios de comunicación esenciales, en especial durante la pandemia. A través de una página web, se puede denunciar su incumplimiento.
Concejales del bloque PJ-Frente de Todos dieron a conocer detalles de la nueva Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para servicios de telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable, que garantiza servicios de comunicación declarados “esenciales” durante la pandemia.
“A partir de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20, que declara a los servicios TIC como públicos esenciales y en competencia, ENACOM estableció abonos básicos que las empresas prestadoras deberán brindar a los usuarios y usuarias que lo soliciten, siempre y cuando pertenezcan al universo de beneficiarios detallados en la página de Prestación Básica Universal y Obligatoria” explicó la Presidenta del bloque de Concejales, Sol Calle.
La edil explicó que los beneficiarios y beneficiarias alcanzados por la medida podrán acceder directamente a la PBU “haciendo una declaración jurada (DDJJ) que ENACOM pone a disposición en su sitio web, donde debe ser completada y enviada al prestador, quien deberá aceptarla como medio de acreditación”.
“En caso que la empresa no garantice la prestación de la PBU, los solicitantes deberán iniciar el reclamo frente a la prestadora. Si persiste el incumplimiento, las y los beneficiarios podrán enviar el formulario online informativo, el cual no reviste carácter de trámite o reclamo oficial, sino de declaración informativa ante ENACOM para el seguimiento de la solicitud” sostuvo Calle.
El decreto tiene como objetivo garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas, lo cual requirió de la fijación de reglas por parte del Estado para asegurar un uso equitativo y a precios razonables con el fin de beneficiar el interés público, ofreciendo al usuario y usuaria mayor variedad de servicios a precios más bajos, sin perjuicio del principio de competencia, por lo que se procuró generar eficiencia y rentabilidad económica para las empresas prestadoras.
