El proyecto de plusvalía inmobiliaria fue presentado por la Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo. El mismo propone que aquellos desarrollos inmobiliarios que requieran indicadores urbanísticos, cambios de zonificación o la ampliación del ejido urbano, aporten al Municipio recursos para la realización de obras de infraestructura necesarias para el resto de la Comunidad.
“Cuando un proyecto urbanístico requiere modificaciones al Código de Planeamiento Urbano Ambiental de nuestra ciudad, es necesario proyectar el cobro de derechos regulados por la Ley Provincial de hábitat” explica la Concejal del Pj-Frente de Todos, Romina Carrizo, autora de un proyecto elevado al Honorable Concejo Deliberante sobre plusvalía inmobiliaria.
El mismo, implica el cobro de un derecho por parte de la Municipalidad, “mediante el cual pueda realizar obras de infraestructura ante el déficit de servicios públicos en zonas de nuestra ciudad que lo requieran, como también programas de vivienda para personas en situación vulnerable”.
La iniciativa bien podría tener como caso ejemplificador, el reclamo de vecinos del corredor Ruta 6-Ruta 4, ante el intento de rezonificación que habilite el desarrollo del emprendimiento “Cardales Chico”. “La importancia de esta ordenanza radica en que diversas situaciones originadas por proyectos urbanísticos cuestionados por vecinos y vecinas de zonas aledañas, las cuales podrían estar reguladas de antemano y sin margen a discrecionalidades. Para nuestra ciudad es una necesidad contar con fondos genuinos para la realización de obras como por ejemplo las que solicitan los campanenses que viven en la zona de Cardales, fundamentalmente con la situación de colapso de residuos cloacales debido a la falta de planificación y coordinación del intendente Abella en la zona”.
La propuesta de la Concejal Carrizo apunta al cobro de derechos regulados por la ley provincial de hábitat, a través de los cuales el Estado recupera para la comunidad y no para el propio desarrollo inmobiliario, una porción de los mayores valores del suelo que adquiere el privado gracias a un accionar público que lo beneficia. “De esta manera, rescata para el conjunto de los ciudadanos parte de los frutos originados por el propio municipio”, sostiene.
“Es sabido que el desarrollo económico impacta fuertemente sobre el territorio. Podemos citar como acciones que brindan un mayor valor y que están sujetada plusvalías, el otorgamiento de indicadores urbanísticos, cambio de zonificación, o la ampliación del ejido urbano. El crecimiento de nuestro Partido ha facilitado situaciones de especulación sobre la propiedad, en desmedro de la función social que debe observar la misma. Por ello, cuando un sector adquiere un mayor valor, toda la zona debe verse beneficiada” concluyó Romina Carrizo.
Cabe señalarse que son muchos los municipios bonaerenses que cuentan con la ordenanza para el cálculo de la plusvalía inmobiliaria: Pilar, Pinamar, Hurlingham, Trenque Lauquen, Olavarría, La Plata, entre otros más.
