La Ley 6912 establece la obligatoriedad de matrícula, la supervisión ética y la formación continua, elementos centrales para profesionalizar una disciplina clave en un contexto donde los accidentes y enfermedades laborales siguen siendo un problema estructural. Según cifras oficiales, en el país se registran más de 200.000 siniestros laborales por año, muchos de ellos evitables con intervenciones técnicas adecuadas y controles efectivos.
En ese marco, la norma porteña se alinea con experiencias ya vigentes en 14 provincias, donde la colegiatura permitió ordenar el ejercicio profesional, reducir prácticas irregulares y elevar los estándares de prevención. La Ciudad se suma así a un esquema federal que busca consolidar una red de control y mejora continua en materia de seguridad laboral.
El recorrido de Gabino Tapia en este tema no es nuevo: en 2018, como legislador provincial, acompañó la sanción de la Ley 15.105 en la provincia de Buenos Aires, antecedente directo del modelo que hoy adopta CABA. Ese antecedente muestra una continuidad en la mirada sobre la prevención como política pública, más allá de los cambios de jurisdicción.
Desde el ámbito técnico, referentes del sector subrayaron la relevancia de la ley. “La colegiatura no es solo un registro: es una herramienta para asegurar competencias actualizadas, capacitación permanente y un marco ético que reduce riesgos”, señaló el Lic. Gonzalo Fernández, integrante de COPHISEMA y uno de los impulsores de la iniciativa en la Ciudad.
Con la sanción de la Ley 6912, CABA da un paso relevante en la regulación de la higiene y seguridad laboral. Más que un gesto político, la norma consolida un esquema de prevención que ya demostró resultados en otras provincias y refuerza la idea de que la seguridad en el trabajo es una política estructural, vinculada tanto al cuidado de las personas como a la sostenibilidad del sistema productivo.
