Se trata del vecino del barrio San Cayetano, acusado por el asesinato de un delincuente que había ingresado a robar a su comercio. Luego de que el jurado lo hallara culpable, los jueces dictaron en la mañana de hoy una sentencia de 17 años de prisión por el delito de homicidio.
La pena impuesta representa una reducción de un año respecto de los 18 años solicitados inicialmente por la fiscalía. En tanto, la familia del condenado adelantó que buscará agotar las últimas instancias judiciales con el objetivo de lograr una nueva reducción de la condena.
En la mañana de este miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Campana dio a conocer la sentencia contra José Daniel “Pupo” del Valle, vecino del barrio San Cayetano, quien fue condenado a 17 años de prisión por el delito de homicidio, en el marco de una causa que generó fuerte repercusión en la comunidad local.
Del Valle había llegado a esta instancia judicial luego de que un jurado popular lo hallara culpable por la muerte de Eduardo Olivera (35), ocurrida tras una confrontación entre ambos. Según se expuso durante el proceso, el hecho se produjo luego de que la víctima fatal presuntamente ingresara horas antes a robar al comercio del ahora condenado.
Tras el veredicto del jurado, los jueces debieron definir la pena correspondiente. En ese contexto, la fiscalía había solicitado una condena de 18 años de prisión, aunque finalmente el tribunal resolvió fijarla en 17 años, reduciendo en un año el pedido inicial del Ministerio Público Fiscal.
La causa estuvo atravesada por el debate en torno a las circunstancias del hecho, que incluyeron el robo previo al comercio y el posterior enfrentamiento que terminó con la muerte de Olivera. No obstante, la Justicia consideró acreditada la responsabilidad penal de Del Valle, encuadrando su accionar en el delito de homicidio.
Por su parte, la familia de “Pupo” del Valle adelantó que buscará recurrir a una última instancia judicial con el objetivo de solicitar una reducción de la condena, antes de que el fallo quede firme.
El caso continúa generando diversas reacciones y reavivó el debate sobre la legítima defensa, la inseguridad y los límites de la reacción ante un hecho delictivo.
