Se trata de una propuesta de la referente nacional de Igualar, Carmela Moreau y del Magister en Salud Pública Oscar Atienza: “Tenemos que evitar abusos y prácticas desleales”, explicaron
A través de un proyecto de resolución (que se va a presentar en los próximos días) dirigido al Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaría de Comercio Interior, *se pide intervenir en el mercado y regular el precio de los distintos test de detección del COVID19* que se comercializan en la Argentina.
La iniciativa es autoría de la asesora de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Carmela Moreau y del Dr. Oscar Tienza, magister en salud pública, y lleva la firma del diputado nacional Lucas Godoy (Salta). Con ella, se busca ampliar el acceso a la salud y descomprimir el sistema de salud pública. También, evitar desigualdades entre ciudadanos, garantizando una competencia leal y asegurando el suministro de productos y servicios esenciales.
Al respecto, Moreau remarcó “las pruebas de COVID son fundamentales para conocer con exactitud el diagnóstico, decidir aislamientos preventivos y evitar nuevos contagios. En estos días, los centros de hisopados que el Estado habilita, no son suficientes para una demanda tan grande. Por eso es necesario regular el precio de los test en sus distintas modalidades para descomprimir el sistema de salud público y al mismo tiempo garantizar un mayor acceso de la ciudadanía a esta herramienta.” Y agregó “*lamentablemente estamos viendo como muchos privados se abusan de la situación aumentando los precios cuando más demanda hay. También podemos percibir como un mismo hisopado tiene distintos valores según el lugar del territorio donde se realiza. Hay que evitar abusos y prácticas desleales*”.
Por su parte, Atienza, referente de Igualar de la Provincia de Córdoba, explicó: “*La equidad y accesibilidad a los test diagnósticos deben ser garantizados por el Estado y no deben ser regidos por el libre mercado*, más aún cuando se trata de un recurso escaso, que ya en varias oportunidades estuvo en falta y eso puede atentar contra los precios que, cuando suben, hacen que los ciudadanos de bajos recursos no tengan acceso”.
