El Juzgado Federal de Campana declaró inconstitucional la medida del Ejecutivo que había frenado la Ley 27.793. El fallo responde a un amparo presentado por una familia con dos hijos con discapacidad.
El juez Adrián González Charvay sostuvo que el veto del presidente Javier Milei implicó una “clara discriminación” y violó compromisos internacionales en materia de derechos humanos. También estableció que un veto presidencial puede ser revisado judicialmente cuando afecta derechos fundamentales.
El fallo se originó en un amparo presentado por los padres de dos hermanos de 11 años con discapacidad, afectados en su acceso a tratamientos y educación por el desfinanciamiento del sistema. El magistrado remarcó que los niños con discapacidad deben recibir una protección reforzada por su “doble vulnerabilidad” y advirtió que el cierre de escuelas especiales y centros terapéuticos “no fue una amenaza futura, sino una tragedia.
Aunque el fallo significó un avance en inclusión y derechos humanos, la implementación plena de la ley no concluyó. González Charvay recordó que el Estado tiene el deber de asegurar recursos suficientes y citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció el derecho humano al cuidado como obligación ineludible de los Estados.
