A través de reuniones virtuales en todos los distritos, se encuentran trabajando en torno a la problemática que se vive en el poder judicial respecto a la violencia de género y que fue uno de los principales reclamos de los colectivos feministas el último 8M.
El pasado 30 de marzo, el Frente Grande inició una serie de reuniones virtuales entre todos los distritos de la Provincia con vistas a impulsar una reforma judicial con perspectiva de género. Organizada por la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidades de la Provincia de Buenos Aires, las disertantes fueron Susana González, diputada provincial y presidenta del partido en la Provincia de Buenos Aires, y Soledad Martínez, diputada provincial y presidenta del Frente Grande Neuquén.
Representando a Campana participó la Secretaria de Género y Diversidades, Angélica Torreyra, quien relató “acordamos en que la necesidad de una reforma judicial en la estructura de este poder y en la normativa dan cuenta de la visibilidad de los reclamos y las demandas del movimiento feminista, de mujeres y disidencias de los últimos años. Reclamos y demandas que no abarcan solamente al poder judicial, sino que apuntan a todos los ámbitos institucionales y sociales, desde la formación de profesionales -no sólo del derecho sino de todas las áreas- en las universidades, hasta la capacitación en estos temas por parte de todo el personal actuante en instituciones públicas, implementando la Ley Micaela”.
En el encuentro virtual se analizó la situación general del poder judicial en lo relativo a presencia de mujeres (en la Corte Suprema de la Nación se cuenta solo con una mujer y en los tribunales superiores sólo ocupan el 22 % de los cargos); las próximas reformas de procedimientos en la provincia (“Código de familias, civil y comercial”) a tono con las reformas ya hechas a nivel nacional en el Código Civil (2015); y la necesidad de actuar por parte de los jueces y juezas a conciencia en relación al riesgo de las mujeres amenazadas y violentadas echando mano a herramientas jurídicas que ya existen.
Además,Torreyra menciono “Planteamos la urgente revisión de prácticas elitistas del poder judicial que refuerzan la exclusión de clase que se suma o va acompañada de la exclusión de género en fallos y medidas. El acceso a la justicia en términos geográficos, como la ubicación céntrica de tribunales, y un lenguaje técnico desconocido para muchas mujeres y disidencias en situación de pobreza, profundizan esta exclusión”
Otro de los ítem tratados fue el cuestionamiento a la noción de justicia en una visión punitiva, al respecto aclaró “Más penas no solucionan nada a mediano o largo plazo. Cuestionar no sólo el funcionamiento y la mirada del actual poder judicial implica pensar alternativas al encarcelamiento, y al encarcelamiento sin seguimiento ni marcos o condiciones de existencia que posibiliten un cambio de la mirada misógina y patriarcal imperante, primer paso para la total eliminación de las violencias hacia mujeres e identidades feminizadas”.
Asimismo, afirmó que se plantea una reforma “transfeminista” dado que “está claro que la ocupación de más cargos por parte de mujeres no implica contar con, por lo menos, perspectiva de género. Ni hablar de tener perspectiva feminista o transfeminista. En pocas palabras, tener perspectiva de género nos prepara de mejor manera ante la problemática de la violencia de género, pero nos lleva al riesgo de seguir pensando con una matriz binaria, una inamovible diferenciación de mujeres y varones, dejando afuera a las identidades diversas, lesbianas, travestis, trans, y no binarias. Una perspectiva feminista daría cuenta no sólo de las diferencias sino de la desigualdad entre mujeres y hombres. Pero una perspectiva transfeminista iría más allá, abarcando las distintas posibilidades de ser y estar o de estar siendo en busca, en definitiva, de una mayor libertad y justicia”.
