
Las Autoridades de Registro son las encargadas de validar la identidad de los solicitantes y emitir certificados de firma digital. Habitualmente, el CPCIBA presta este servicio en su sede bajo modalidad fija, mientras que la modalidad móvil implica el traslado de un oficial con equipamiento propio a organismos que requieren el servicio, facilitando el acceso y agilizando los trámites.
La firma digital en Argentina está regulada por la Ley 25.506, que le otorga el mismo valor legal que la firma manuscrita en documentos en papel. Su utilización en el ámbito municipal permite optimizar procesos administrativos, reducir costos operativos y fortalecer la seguridad jurídica y la trazabilidad de las actuaciones.
Desde el Consejo destacaron que este tipo de iniciativas contribuye al proceso de modernización del Estado, promoviendo la digitalización de procedimientos y mejorando la eficiencia en la gestión pública mediante herramientas tecnológicas seguras y confiables.